El dramatismo de la crisis que vivimos hace un par de semanas parece, a primera vista, difícil de comprender en un país que está completando el ciclo de crecimiento ininterrumpido más prolongado de sus doscientos años de vida. Detrás de aquella frase poco política de la Presidenta (“son piquetes de la abundancia”) hay una realidad incontrastable: la Argentina produce 50% más que hace 5 años, y el precio de las cosas que vende al exterior es –en promedio, y dejando de lado movimientos de muy corto plazo– alrededor de un 50% mayor. Un fifty-fifty del crecimiento.
Entre las muchas palabras de Cristina Fernández, la más cargada de sentido para sostener el sistema de retenciones fue “redistribución”. ¿Quién se queda con la prosperidad? El sistema de tasas móviles, planteado en momentos de precios récord e incluso con pronósticos de alza, tenía en mente una repartija de los dólares de la agricultura casi igual para el Estado y el campo; y una asignación muy sesgada a favor del gobierno –en casos extremos, hasta 95%– si se considera solamente lo que cada parte se quedaba de incrementos ulteriores en los precios. Aproximadamente, un fifty-fifty en la distribución.
La idea de que la Crisis del Campo puede ser una crisis de la prosperidad no es necesariamente caprichosa. No es raro que la bonanza genere conflicto. Esbozo aquí una hipótesis de mesa de café: lo más pacífico es la estabilidad, pero la abundancia puede resultar tan conflictiva como la miseria. Si la torta se hincha apenas (digamos, un crecimiento del 2%) a todos nos parecerá razonable mantener el ángulo de nuestra tajada. Pero si nos quitan la mitad de la torta, o nos regalan una torta nueva, casi seguro habrá pelea.
Razonable como es la visión de la rebelión de las chacras como una de crisis de abundancia, es posible plentearle algunos reparos. Sobre todo: ¿por qué decidió el gobierno una nueva suba de retenciones cuando ya habían sido aumentadas apenas unos meses atrás, mientras se preparaba el cambio de mando entre marido y mujer? ¿Por qué el campo reaccionó con tanta virulencia ante un incremento que era bastante menor al que había impuesto Néstor Kirchner al final de su mandato, y que dejaba a los precios netos de retenciones en un nivel superior al de entonces?
Seguramente habrá respuestas específicas para cada uno de estos interrogantes (“los precios externos siguieron subiendo”, “el campo reaccionó ante la gota que rebalsó el vaso”), pero lo cierto es que el conflicto con el agro no puede entenderse, ni en su origen ni en sus consecuencias, fuera del contexto de un modelo económico que se está lastimando al rasparse contra sus propios límites. La inflación anualizada –estimada por los medios más honestos con los que contamos, como los datos de facturación en supermercados y las mediciones provinciales no digitadas por el INDEC– ya mostraba en febrero un nuevo ascenso tras cierta sensación de apaciguamiento que había esbozado en los últimos meses de 2007 (ver cuadro). En marzo la sensación es de una aceleración todavía mayor.
Nota: a la facturación de supermercados se le resta una estimación del crecimiento real del consumo (9%) para aproximarse a la tasa de inflación.
¿Qué tiene que ver este nuevo salto de la inflación con el conflicto entre el gobierno y los productores agropecuarios? Por un lado, la inflación seguramente figuró de manera prominente entre los argumentos que inspiraron el nuevo impuestazo al campo. Puede intuirse que la aceleración inflacionaria se colaba de dos maneras en las discusiones de mesa chica: con más retenciones se evita que la suba de los precios internacionales eche más leña al fuego de la inflación, en momentos en que una llamarada puede desembocar en incendio. Además, ¿no ha sido cierto en nuestro país que la inflación siempre vino de la mano del desequilibrio fiscal? Con el gasto creciendo arriba de 35% –en buena parte una consecuencia de la inflación salarial– acercar unos pesos más a la caja era hacer más sólido el superávit, búnker último de la economía kirchnerista.
Cada uno de esos motivos es discutible, acaso por una cuestión de dimensiones. Un aumento de 10% en el trigo puede dar lugar, con toda la furia, a una suba de 2% en el pan, cuya elaboración involucra mucho más agregación de valor (en la molinería, en el transporte, en la panadería) que el precio de su materia prima, y una suba de una o dos décimas en el IPC. Al lado del efecto inflacionario que están teniendo aumentos salariales arriba del 20%, es una gota en el océano. En cuanto a la relación entre la inflación y las cuentas fiscales, la Argentina está hoy en un terreno que desconoce: inflación con superávit. No es, en verdad, una combinación teóricamente imposible. La política fiscal prudente puede atenuar algo, pero de ningún modo anular, el efecto inflacionario de una política moentaria expansiva, ordenada toda ella alrededor de la idea de una moneda nacional minusválida. Aquí y en todo el mundo, la pretensión de que la moneda propia tenga poco valor conduce, casi tautológicamente, a la inflación.
Si entre las razones del gobierno para la medida arancelaria más polémica de nuestra historia figuraba, en última instancia, el contexto inflacionario, también es cierto que la reacción campestre fue lo que fue por otro efecto nocivo de las subas de precios. El argumento de que el precio neto de retenciones medido en dólares seguía siendo más alto que en el pasado no convencía a los productores, que argumentaban que sus costos también habían aumentado. Un análisis fino de este argumento requeriría bucear en la estructura de costos del campo, pero en todo caso la queja tiene cierta legitimidad: es suficiente con apuntar que en un país en el que todo aumenta en términos de dólares (los salarios, por ejemplo, lo hacen a más del 20%, y otro tanto los precios al consumidor), no basta con señalar, sin más, que los precios han subido: cuando todo se está moviendo, lo que importa es la velocidad.
Lamentablemente, un enfrentamiento en el que de ambos lados la inflación aparecía como una motivación central ha tenido como una de sus consecuencias principales la aceleración de precios que hemos sentido en el último mes. Si ya estábamos en una situación inflacionaria peligrosa, el nuevo salto de precios la agrava un poquito más. En ese sentido, ha sido un conflicto en el que todos hemos perdido.
