viernes, marzo 03, 2006

de látigos y zanahorias

Siempre me gustaron más los premios que los castigos. Y ahí viene una propuesta delirante de La Ciencia Maldita. El Servicio Penitenciario de la Provincia de Buenos Aires gasta 512 millones de pesos. En 2002 había 26.000 presos. Si el número de presos no aumentó, serían unos 20.000 mangos por convicto. Supongo que a eso habría que sumarle, para saber cuánto cuesta un preso, el costo prorrateado de la construcción de las cárceles. Me imagino que es la cárcel que se ve desde la ruta Ezeiza-Cañuelas la que aquí dicen que salía, en 1999, casi 300 millones de pesos, para 1700 personas. A precio de hoy no puede ser menos que el doble, 600 millones, unas 350 lucas por preso, equivalente -suponiendo que el financiamiento cuesta 8%- a 28.000 pesos anuales.

Tenemos, pues, un costo por preso de 20 + 28 = 48.000 pesos.

¿Alguien podría oponerse desde el punto de vista ético a que quienes no caigan presos -con condena- hasta los 30 años reciban al menos una porción de lo que se gasta en quienes sí están presos, como premio por no delinquir en el período crítico de entrada a la delincuencia (de los 18 o menos a los 30, más o menos)?

Sí entiendo que habría objeciones desde el punto de vista económico: una bancarrota. Suponiendo que el 1/66 de nuestra población de 40 palos cumple 30 años cada año, tendríamos unos 600.000 beneficiarios por año. No le podemos dar a cada uno el valor acumulado, a interés, de 48.000 pesos por año entre los 18 y los 30, porque a una tasa de 8% corresponderían -pará que voy a Excel- 910.000 pesos.

Pero no sé, 50 luquitas ponele, esa tortita toda junta el día que cumplís 30, ¿no actuaría como incentivo para no delinquir? Y una vez que llegaste clean a los 30 ya es más difícil que vayas a la industria del delito. Alguna otra cosa habrás aprendido para entonces. Habría que hacer bien la cuenta, los costos y beneficios, pero bueh, creo que algún nivel de pago es razonable y conviene a todos. Después estaría la cuestión de la seguridad jurídica: para mí habría que hacer una especie de contrato individual entre el Estado y cada jovenzuelo de 18, no sé si voluntario u obligatorio, pero bueh, ya es cosa de abogados.

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