carta abierta a la patria

Llega a la inbox de LCM la siguiente carta. Me queda la pregunta de si el procedimiento (declarar ventas futuras de soja antes de la previsible suba de retenciones) es o no ilegítimo. Supongo que depende de si hiciste o no esas ventas futuras:

El gobierno a través del jefe de Gabinete, el ministro de Economía y el Secretario de Agricultura anunció que el aumento de las retenciones al trigo, al maíz y al complejo de la soja (poroto, aceite y harinas) tenía un efecto de equilibrio para que no se disparen los precios del mercado interno ante el aumento internacional de los commodities, reconociendo también su impacto fiscal y hablando de que el productor que produce en pesos y exporta en dólares, tiene que “compartir” su ganancia con el resto de la sociedad.

Lo que no dice el Gobierno es que las principales firmas multinacionales y nacionales que intervienen en la exportación del complejo sojero (ya que los registros de exportaciones de maíz y trigo estaban cerrados), se beneficiarán con esta medida en más de 410 millones de dólares. La razón es muy simple, el grupo selecto de exportadores sabía (sobretodo algunos que forman parte del mismo partido en el Gobierno) que si Cristina Kirchner ganaba las elecciones era intención aumentar las retenciones a los granos para equilibrar las cuentas fiscales, sobre todo, luego del impresionante aumento del gasto público llevado a cabo para ganar los comicios “endulzando” al aparato que moviliza el clientelismo político.

Conclusión, durante todo el mes de Octubre y los primeros días de Noviembre, hasta que los funcionarios tardíamente decidieron cerrar el registro de exportaciones de soja el día 7, dichos exportadores comenzaron a registrar ventas al exterior por encima del ritmo normal, a fin de congelar los derechos vigentes antes del aumento, tanto para mercadería de la actual cosecha, como para la de la cosecha venidera y así quedarse con el beneficio del 8%, equivalente al aumento practicado en las retenciones.

Conviene en este sentido explicar un poco el sistema de registro de las exportaciones de granos, conocido como “declaraciones juradas de venta al exterior”, de acuerdo a lo establecido por la Ley 21.453 y sus modificatorias. Por este sistema, los exportadores cuando venden al exterior granos, aceites o subproductos, tienen que presentar un formulario de declaración jurada en la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación (SAGPyA), en el cual mencionan el tonelaje vendido, el mes de embarque y el FOB mínimo vigente sobre el que oportunamente (cuando embarquen la mercadería) abonarán los derechos de exportación vigentes al momento de la presentación. Cabe consignar que el mes de embarque declarado, está sujeto a un período de prórroga o extensión antes de que la declaración se declare incumplida.

Según información estadística recogida de la propia SAGPyA (que los funcionarios que tomaron la medida no pueden desconocer), al 1 de octubre de 2007 se habían declarado ventas al exterior de la presente campaña o cosecha (2006-2007) por 10.598.406 toneladas de poroto de soja o soja en grano, 20.746.202 toneladas de pellets y harinas de soja y 4.879.935 toneladas de aceite crudo de soja; y de la próxima campaña o cosecha (2007-2008) por 3.390.000 toneladas de soja, 4.816.000 toneladas de pellets y 555.600 toneladas de aceite. Tomando en cuenta el total acumulado al 7 de noviembre (fecha en que se cerró el registro), vemos como en ese lapso de 36 días se declararon por mercadería de la presente campaña (2006-2007) 1.150.098 toneladas de soja, 2.398.433 toneladas de pellets y 560.049 toneladas de aceite; mientras que de la campaña del año próximo (2007-2008) se declararon 5.228.900 toneladas de soja, 3.382.500 toneladas de pellets y 1.418.500 toneladas de aceite, lo que en forma conjunta entre ambas campañas representan 6.378.998 toneladas de soja, 5.780.933 toneladas de pellets y 1.978.549 toneladas de aceite declaradas durante ese período. A todas estas declaraciones les corresponderá al momento de embarcar la mercadería pagar las retenciones preexistentes al aumento, es decir: 27,5% para la soja y 24% para los aceites y pellets, en lugar del 35% para la soja y el 32% para el aceite y los pellets.

Estos guarismos, si los referenciamos contra cifras de un año normal como puede ser el año pasado, nos indicarán la magnitud de semejante irregularidad. Así, en el mismo período de 36 días (1 de Octubre al 6 de Noviembre de 2006) se declararon para mercadería de la cosecha del año (2005-2006),177.387 toneladas de soja, 1.836.271 toneladas de pellets y 516.367 toneladas de aceite; y para mercadería del año siguiente (2006-2007), 410.000 toneladas de soja, 47.900 toneladas de aceite y 806.800 toneladas de pellets, lo que en forma conjunta equivalían a 587.387 toneladas de soja, 2.643.071 toneladas de pellets y 564.267 toneladas de aceite. En una palabra, en igual período del presente año se declaró un 1085% más de soja, un 218% más de pellets y un 350% más de aceite. ¿Extraño?

No tan extraño si se piensa en el beneficio que obtendrá el sector exportador y que, seguramente, no trasladará a los precios a pagar al productor. Basta con hacer algunos cálculos. Suponiendo que se hubiesen declarado 5,5 millones de soja por encima de lo normal para esta época del año y calculando un FOB mínimo promedio para las distintas posiciones de embarque para el período en cuestión (según datos de la SAGPyA) de U$S 366 la tonelada, el 8% equivaldría a U$S 30.- por tonelada, o sea, 165 millones de dólares; en el caso de los pellets, estimando 2,5 millones de tonelads declaradas por encima de lo normal a un FOB mínimo promedio de U$S 281 la tonelada, el 8% equivaldría a U$S 23.- por tonelada, o sea 57,5 millones de dólares; y en el caso del aceite suponiendo 1 millon de toneladas declaradas por encima de lo normal, a un FOB mínimo promedio de U$S 900 por tonelada, el 8% equivaldría a U$S 72 por tonelada, o sea a 72 millones de dólares, haciendo un total de 410 millones de dólares que se habrían transferido por una mala, defectuosa, ineficiente o corrupta decisión política, de los productores a las firmas exportadoras.

Esta situación, en cualquier país en serio (como reza el slogan publicitario del actual Gobierno) sería motivo de un gran escándalo y si se le sumara algo parecido que ocurrió a fines del año pasado por la forma en que se cerró el registro del trigo que, según muchos, le dejó un beneficio al sector exportador de al menos 240 millones de dólares, llegando así con el caso actual a unos 650 millones de dólares transferidos inexplicablemente, se convertiría en un asunto de Estado y motivo de exhaustiva investigación por alguna comisión del poder Legislativo que, llegado el caso, diera luego paso a la Justicia. Pero la culpa no es del chancho sino de quien le da de comer.