¿Alguien vio la nueva serie de Sony en la que una mina es presidenta? El nombre te da la pauta de lo que están pensando los americanos sobre sus propias instituciones: Commander-in-Chief, se llama. El argumento de hoy era glorioso. Unos agentes de la DEA eran asesinados por el gobierno de facto de un país bananero llamado -atendé bien- San Pasquale (como si los tanos hubieran ido al Caribe, bah, creo que en los largos siglos entre Cristóforo Colombo y los turistas sexuales de los 1980s muchos más tanos no hubo por la zona). En resumidas cuentas, la presidenta (Geena Davis) manda unos aviones a erradicar all the coca-fields, 25% de ellos cada semana, hasta que el pueblo deponga al dictador Sánchez. Es un plan B después de que la procuradora de justicia le advierte que no es conveniente hacer la Gran Noriega, lo de ir a buscar a Sánchez para juzgarlo en USA. El pueblo sanpasqualino mete una especie de cacerolazo -hay escenas LIVE from San Pasquale- los aviones dan marcha atrás y democratically elected president Juan Duran, refugiado en USA, retorna a San Pasquale.
Y explico cómo esta serie me llevó a pensar en
el debate Iglesias Illa-Gargarella. Gargarella está en contra de que el dinero defina los contenidos televisivos. Afirma que, por lo tanto, debería haber más intervención estatal, para garantizar la diversidad, la expresión de las minorías, la voz de los oprimidos. El argumento de Gargarella sobre la televisión, creo, tiene mucho en común con
el que él mismo usaba para defender a rajatabla el derecho de los piqueteros a cortar calles sistemáticamente: los piqueteros pedían por un derecho constitucional -digamos, el art.14 bis- cuyo valor es superior al derecho del resto de la gente a caminar por las calles. Antes de explicar por qué me parecen similares, agrego un tercer argumento del mismo tipo: estuvo bien encarcelar a Pinochet en Inglaterra, porque violó derechos humanos, etc.
En los tres casos, creo, hay dos posiciones posibles. Una -la de Gargarella, la de quienes defendían la detención de Pinochet- es definir la moralidad de los actos por el contenido concreto que tienen en un caso particular: un canal estatal que realmente permita la expresión de minorías es bueno; permitirle cortar sistemáticamente las calles a quienes están marchando por un derecho inalienable es bueno; encarcelar a un ex-jefe de Estado extranjero cuando violó los derechos humanos es bueno.
Por lo tanto -y este por lo tanto es lo crucial- el Estado tiene que tener canales estatales: sólo si los tiene será posible la expresión de las minorías;
por lo tanto, los gobiernos deben decidir en cada caso si se justifican o no manifestaciones que corten las calles sistemáticamente: de lo contrario no tendrán suficiente voz los reclamos justos de derechos básicos;
por lo tanto, los países pueden detener a líderes extranjeros cuando consideren que es justo, porque de otra manera los malvados de todas las latitudes andarán sueltos de cuerpo por el mundo.
La otra posición advierte que no conviene establecer una regla a partir de la bondad de su aplicación en los casos más favorables. En esta posición, menos discrecional, una regla será buena si tiene mejores resultados esperados. Con la opción gargarelliana en cada caso (respectivamente: (i) canales oficiales, (ii) el Estado decide en cada caso si el reclamo en cuestión habilita o no a cortar calles sistemáticamente, (iii) cada país decide si los ex-jefes de estado que pisan su tierra pueden ser apresados o no) la práctica no siempre tendrá el contenido concreto que creemos válido: a veces (i) habrá Pepes Eliaschevs echados de los medios oficiales; (ii) habrá gobiernos que sólo permitirán manifestaciones públicas que le favorezcan, (iii) los Estados pequeños nunca podrán capturar a los malos de los países ricos -por una serie de presiones de todo tipo- pero Geena Davis hará lo que quiera con los capos de San Pasquale.
Los discrecionalistas podrían argumentar que la regla de ellos no es que el Estado tenga canales, que decida quién marcha y quién no y a qué Pinochets detener: la regla es que sólo se admiten aquellas intervenciones que son justas. Los antidiscrecionalistas (¿liberales?) responderían que esa regla sólo es tal en un sentido conceptual, pero no en un sentido práctico. Sólo hay dos reglas posibles: o el Estado puede elegir o no puede elegir. Si el Estado puede financiar Radio Mapuche, inevitablemente puede echar a Pepe Eliaschev. Si puede decidir que los piqueteros corten calles, pero no los trotskistas, también es inevitable que tenga el poder de decidir, por ejemplo, que los Pro-Life corten calles y los Pro-Choice no. Si el un país puede detener a un Pinochet, también puede detener a un Mahatma Gandhi.
¿Hace falta aclarar que aquí somos antigargarellianos, en el sentido en que lo acabo de definir? Lo que hay que juzgar es qué regla -la discrecionalidad o la no discrecionalidad- es superior considerando todos los escenarios probables. En cada caso, el test es empírico. (i) ¿ATC ha sido lo que ha sido por circunstancias fortuitas, ie., porque tuvimos la mala suerte de no contar con funcionarios gargarellianos? ¿O "está en su esencia"? Está en su esencia, opina La Ciencia Maldita. OK, existe la BBC: el caso favorable. Pero all in all, preferimos al empresario controlado en última instancia por el mercado -e indirectamente, vía publicidad oficial, por el Estado- que al burócrata controlado en última instancia por el presidente. (ii) Prefiero una regla para
todas las manifestaciones públicas: no sé, vale cortar las calles tantas veces por año. O no vale cortarlas. O vale cortarlas siempre. Decidámoslo como sociedad. Pero si en cada caso el Estado debe decidir cuándo es suficiente válido el derecho en cuestión, me parece que hay un obvio riesgo de autoritarismo.
(iii) El caso más difícil. Voy a tirar una cosa bien de derechas: por suerte los países más poderosos del mundo (USA, Europa) son, con todas sus imperfecciones, democráticos. De modo que con la configuración actual del poder mundial los Big Fishes arrestados son al menos un poco malvados. De todas maneras, como regla no me gusta que se puede capturar al que quieras porque te parece que violó los derechos humanos, sobre todo por la asimetría de poder que hay entre países: USA podría capturar a Fidel en cambio nosotros no podríamos capturar a Bush. No sé, no me parece justo.
